PRI Jalisco advierte riesgos por congelamiento de cuentas sin orden judicial y señala impacto en derechos y economía
El PRI Jalisco cuestiona medidas que permiten intervenir cuentas sin proceso claro y advierte afectaciones a la confianza ciudadana y la inversión
El congelamiento de cuentas bancarias sin una orden judicial ha encendido alertas en Jalisco, donde el PRI estatal advirtió que este tipo de medidas representan un riesgo para los derechos de la ciudadanía. Desde esta perspectiva, el problema no radica únicamente en el combate a actividades ilícitas, sino en la forma en que se aplican estas acciones, al considerar que pueden afectar a personas sin que exista un proceso claro o una resolución legal previa.
El PRI Jalisco señaló que la ausencia de reglas transparentes y mecanismos de defensa coloca a cualquier persona en una situación de vulnerabilidad, ya que una simple sospecha podría derivar en la suspensión de sus recursos financieros. Esta situación, advierten, no solo impacta a actores políticos o figuras públicas, sino que puede extenderse a ciudadanos, empresarios y trabajadores que dependen de sus cuentas para operar en su vida diaria.
Desde el ámbito económico, el PRI Jalisco subrayó que este tipo de decisiones puede tener consecuencias más amplias, al generar desconfianza en el entorno financiero. La incertidumbre sobre la seguridad jurídica de los recursos, explicaron, puede afectar la llegada de inversiones, encarecer el acceso a créditos y frenar el crecimiento económico, en un contexto donde la estabilidad es clave para el desarrollo.
El PRI Jalisco también cuestionó que estas medidas puedan aplicarse sin la intervención de un juez, al considerar que esto rompe con principios básicos del Estado de derecho, como el debido proceso y la presunción de inocencia. Señalaron que cuando el gobierno asume facultades que concentran decisiones sin contrapesos, se abre la puerta a posibles abusos de poder que afectan directamente a la ciudadanía.
En este sentido, el PRI Jalisco advirtió que el problema no es solo legal, sino también social, ya que la percepción de inseguridad jurídica puede traducirse en temor entre la población. La posibilidad de que una persona vea suspendido el acceso a sus recursos sin un proceso claro genera un ambiente de incertidumbre que impacta tanto en lo individual como en lo colectivo.
Asimismo, se destacó que la confianza en las instituciones depende de la claridad y la legalidad de sus acciones. Cuando las decisiones se perciben como arbitrarias o desproporcionadas, se debilita la credibilidad del sistema y se generan dudas sobre la imparcialidad de las autoridades encargadas de aplicar estas medidas.
El PRI Jalisco hizo un llamado a revisar este tipo de prácticas y a garantizar que cualquier acción relacionada con el congelamiento de cuentas se realice bajo un marco legal sólido, con mecanismos de defensa claros y respeto a los derechos de las personas. La seguridad, subrayaron, no puede construirse a costa de la legalidad ni del bienestar de la ciudadanía.